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Protección de Datos Personales en la Economía de la IA

Nuevamente nuestra Colaboradora Consuelo Pelayo, Socia Directora de Go! Latam nos envía un interesante comentario sobre el "candente" tema de la protección de Datos Personales. Los invito a informarse aquí.


Desde el 1 de diciembre de este año, empezará a regir una nueva Ley que busca proteger los datos personales, incluyendo datos biométricos, biológicos, de salud, económicos entre otros.  Con más de 8 millones de usuarios 5G en Chile conocer sus detalles es primordial; en la industria ven sus beneficios.

 

Hace un mes aproximadamente se lanzó Latam-GPT, un modelo de inteligencia artificial público, abierto y entrenado con datos latinoamericanos, con el fin de comprender mejor el idioma, la historia y la cultura local. Todos los avances en estos días tienen como base los datos, y en Chile desde el 1 de diciembre de este año entrará a regir la Ley 21.719[1], que regula la protección y el tratamiento de los datos personales, reemplazando a la 19.628, para reforzar la responsabilidad de las organizaciones sobre la información que manejan.

 

Según el Informe Digital de We Are Social[2] y Hootsuite, en el país hay 18.8 millones de personas que poseen conexión a internet. En este marco, la nueva ley viene a proteger a las personas, “modernizando el marco de protección y tratamiento de datos personales”, comenta David Iacobucci, CEO de Redvoiss, quien destaca que además crea la Agencia de Protección de Datos Personales como autoridad de control.

 

La protección de datos busca definir las condiciones sobre las cuales terceros podrían hacer uso de los datos de una persona; lo cual puede afectar no solamente su entorno personal, sino también social o profesional. Para el ejecutivo de Redvoiss esta nueva Ley viene a alinearse con los estándares internacionales, por ejemplo, con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea[3].

 

También el nuevo marco viene a enfrentar los desafíos del entorno digital. Por ejemplo, fortalece el derecho de los titulares de los datos y define protocolos estrictos para el manejo de información sensible, incluyendo datos biométricos, biológicos y de salud, además de proteger especialmente a menores de edad.

 

Según cifras de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel)[4] Chile alcanzó a junio de 2025 los 8.2 millones de usuarios 5G, mientras el uso de fibra óptica aumentó en un 10%, alcanzando un 74,7% de las conexiones fijas.  En paralelo según el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA 2025)[5], el país se ubica dentro de los “pioneros”, junto a Brasil y Uruguay, como la nación que más y mejor usa la inteligencia artificial en la región.

 

Iacobucci sostiene que frente a este escenario es destacable que en esta nueva normativa también se consideren los derechos económicos de las personas, como la eliminación obligatoria de datos sobre deudas prescritas, sin necesidad de que el titular lo solicite. Con ello se busca evitar la perpetuación de antecedentes desactualizados en bases de datos comerciales.

 

A ello se suma la portabilidad de los datos personales, en que la persona puede solicitar y obtener de la entidad que posea sus datos personales, una copia de éstos en un formato electrónico que permita ser operado por distintos sistemas.

 

Si bien esta legislación permitirá proteger a las personas y sus datos, es “importante mejorar la alfabetización digital en las personas en relación con el uso de sus propios datos personales, y así disminuir las posibilidades de que sean víctimas de algún ciberdelito”, comenta el ejecutivo de Redvoiss.

 

La entrada en vigencia de la ley 21.719 y protección de datos personales marca un punto de inflexión en la forma en que Chile enfrenta los desafíos del entorno digital. En un país con alta penetración de internet, expansión del 5G y liderazgo regional en inteligencia artificial, la nueva normativa no sólo refuerza la responsabilidad de las organizaciones, sino que también empodera a las personas sobre el uso de su información. Sin embargo, el verdadero impacto dependerá no solamente de su correcta implementación, sino también del avance en alfabetización digital para que los ciudadanos conozcan y ejerzan efectivamente sus derechos.


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Consuelo Pelayo

Socia Directora


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